Cuando el inmigrante mexicano Ignacio Flores Figueroa cambió sus papeles de inmigración falsos por otros documentos también falsos, no se imaginó que esta decisión lo llevaría hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
Un empleado en EE.UU. debe tener la tarjeta de seguridad social.Flores, quien trabajaba en una planta industrial en Illinois, decidió hace un par de años "actualizar" sus papeles falsos y cambiarlos por otros también fraudulentos.
El primer documento que utilizó Flores tenía un nombre falso y un número de seguro social inventado y sin dueño.
Para el segundo documento, Flores decidió utilizar su verdadero nombre, pero obtuvo un número de seguro social diferente que resultó ser el de otra persona, en este caso un menor de edad.
El cambio de documentos de identidad alertó las sospechas de su jefe, que lo denunció ante las autoridades de inmigración.
¿Robo de identidad?
Luego de su arresto, Flores fue acusado no sólo de entrar ilegalmente a Estados Unidos y de utilizar papeles falsos, sino también de robo de identidad con agravantes.
Durante su juicio, Flores se declaró culpable de los cargos relacionados con inmigración y no culpable de los cargos adicionales de apropiarse de una identidad ajena, argumentando que no sabía que los números falsos del segundo documento le pertenecían a una persona de carne y hueso.
Sin embargo, el juez lo condenó de todos los cargos y le impuso más de 6 años de cárcel. Desde entonces los abogados de Flores han apelado esta decisión que ahora está en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos, que este miércoles empezó a estudiar el caso.
Las leyes de robo de identidad fueron creadas para atrapar a los que se apoderan de datos personales para vaciar cuentas de banco, o abrir tarjetas de crédito
Rebeca Smith, abogada defensora de inmigrantes
Antes del 2004, la decisión de Flores de utilizar un "social chueco", al igual que millones de trabajadores indocumentados en el país, le hubiera traído consecuencias legales menos graves bajo las leyes migratorias federales, pero hace dos años el gobierno federal comenzó a utilizar leyes designadas para combatir el robo de identidad para procesar casos de inmigración.
La política, implementada bajo la administración de George W. Bush, se utilizó en varios casos de redadas masivas, y cientos de inmigrantes han sido acusados y condenados por robo de identidad y fraude de documentos.
Además, la simple amenaza de imponer este cargo adicional, que implica una pena de cárcel de dos años, está siendo utilizada por el Departamento de Seguridad Nacional para presionar a los acusados que caen en estas redadas para que acepten la deportación inmediata, según algunos activistas.
Lea: Los "sin papeles" son mayoríaLos que argumentan a favor de Flores, aseguran que no se debe condenar a alguien por un crimen que no sabe que está cometiendo, que no tiene la intención de cometer y que, además, una ley diseñada para combatir crímenes financieros, no se debe aplicar a casos de inmigración.
"Las leyes de robo de identidad fueron creadas para atrapar a los que se apoderan de datos personales para vaciar cuentas de banco, o abrir tarjetas de crédito", explicó a BBC Mundo, Rebeca Smith, abogada del National Employment Law Project, que defiende los derechos de los inmigrantes.
Para Smith, el uso de papeles falsos ya está reglamentado bajo las leyes de inmigración, y sacarlo de ese contexto sólo multiplica las penalidades para personas que simplemente buscan un empleo.
"Estas medidas sólo aumentan la miseria de la población inmigrante y no enfrentan ni solucionan la realidad de los millones que están trabajando en las sombras sin las debidas protecciones laborales", afirmó Smith.
Ignorancia vs. intención
Los abogados de Flores presentaron un argumento similar: "Alguien que tiene la intención de robar la identidad de otra persona merece mayor castigo que alguien que desapercibidamente escoge un número al azar que por casualidad resulta ser el número asignado a alguien más", aseguran en los documentos presentados ante el alto tribunal.
El gobierno no acepta esta postura, y argumenta que la existencia de una víctima real, cuya identidad ha sido plagiada, y no el estado mental (si sabía o no sabía) del acusado, es lo que determina la gravedad del crimen y lo que permite el uso de la ley de robo de identidad en estos casos.
La Corte Suprema tendrá la úlitma palabra.Varios grupos que representan a víctimas de robo de identidad han presentado documentos legales a favor de la postura del gobierno.
"El caos generado en la vida de la víctima es igual en cualquier caso", afirmó el abogado Stephen Materson en un documento legal presentado en favor de estos grupos.
También argumentan que utilizar papeles falsos en sí es un acto ilegal y que asumir la identidad de otra persona, ya sea para encontrar trabajo o vaciar una cuenta de banco, se puede ver como parte del mismo crimen.
Al igual que las opiniones, los tribunales también están divididos.
El año pasado, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito en San Francisco dictaminó que el gobierno debe probar que el inmigrante sabía que estaba utilizando el seguro social de una persona real, o sea a favor de Flores Figueroa. Tribunales en Boston y Washington D.C. concordaron.
Pero las cortes de apelaciones de las ciudades de St. Louis, Richmond y Atlanta fallaron a favor del gobierno, asegurando que lo único que se necesita probar es que el inmigrante sabía que sus papeles eran falsos.
Y mientras Flores espera en una cárcel de Georgia, la Corte Suprema tendrá la última palabra.
